Plazo extendido
Ayer marcó una victoria significativa en el enfrentamiento legal sobre la obligatoriedad de volver a registrar las tarjetas SIM. La Jefa de Justicia Rehana Mungly-Gulbul falló a favor de mantener el statu quo, prohibiendo así al estado desactivar las tarjetas SIM de los suscriptores que no hayan cumplido con el plazo del 30 de abril. A medida que se acerca el plazo, los operadores de telecomunicaciones están intensificando los esfuerzos para instar a sus clientes a cumplir con las regulaciones. Se están implementando llamadas, mensajes e incluso ofertas especiales para alentar a las personas renuentes a tomar medidas.
Como recordatorio, desde octubre pasado, los mauricianos, residentes y turistas en Mauricio han estado obligados a registrar sus tarjetas SIM de acuerdo con las nuevas regulaciones de la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación (ICTA). Estas medidas se implementaron para asegurar que cada tarjeta SIM esté registrada a nombre de su usuario, para fortalecer la lucha contra el fraude, robo de identidad y actividades maliciosas. Sin embargo, este proceso de re-registro ha provocado un considerable debate desde el año pasado. Los activistas denuncian especialmente la falta de transparencia del gobierno y la necesidad de revelar información sensible a los operadores, que consideran un riesgo para la privacidad.
Protestas planeadas
Con casi un millón de tarjetas SIM ya re-registradas de dos millones, la decisión del tribunal brinda alivio a aquellos que aún no lo han hecho. Además, evita al gobierno una situación embarazosa justo antes de su reunión del 1 de mayo. Sin embargo, esta victoria temporal no marca el fin del debate. La plataforma "Pa Tous Nou SIM Card" está organizando una manifestación pacífica el domingo 21 de abril, mientras que el caso será examinado a fondo por el Tribunal Supremo el 13 de mayo. Mientras tanto, todas las partes deben presentar sus argumentos por escrito antes del 8 de mayo, en preparación para la audiencia ante el Pleno del Tribunal Supremo. Esta decisión urgente llega mientras el Tribunal ha estado de vacaciones desde finales de marzo, subrayando la importancia de este problema para los mauricianos.
