El futuro de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es incierto. Donald Trump ha utilizado un discurso xenófobo y nacionalista, señalando a los inmigrantes como una de las causas de los problemas del país. Este tipo de mensaje ha logrado atraer de nuevo a la clase media trabajadora blanca, frustrada y afectada por la pérdida de privilegios y posición social en las últimas décadas.
En su más reciente campaña, Donald Trump ha vuelto a colocar la inmigración en el centro de sus propuestas, esta vez con un plan que plantea deportaciones masivas y el uso de la Guardia Nacional e incluso del ejército. Trump sostiene que entre 15 y 20 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos serían el objetivo de esta iniciativa, aunque organizaciones como el Pew Research Center sitúan la cifra en 11 millones. La discrepancia entre los números refleja una complejidad significativa para el proyecto, tanto en términos económicos como logísticos, y genera inquietud sobre su viabilidad real. Pero, ¿Quien en Estados Unidos desempeñaría los trabajos que estos 11 millones llevan a cabo cada día? Trabajos precarios y mal pagados. ¿Los votantes de Trump? ¿Se traería a nuevos inmigrantes para ello?
La contundencia de este plan de deportaciones es promovida por Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos a Trump, quien lo ha calificado como la mayor operación de deportación interna en la historia del país. Para Miller y otros partidarios, como Tom Homan, exjefe de Inmigración y Control de Aduanas, la idea es crear una atmósfera de vigilancia constante entre los inmigrantes indocumentados. De hecho, Homan advirtió que ningún individuo en situación irregular en el país estará a salvo de estas medidas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta serios desafíos. Aparte de los miles de millones de dólares que requeriría financiar las deportaciones, se espera que las repercusiones en la economía estadounidense sean significativas. ¿Cuánto costaría deportar a 11 millones de personas? Desde sectores empresariales hasta comunidades locales, los impactos económicos serían inevitables, generando una disrupción en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante.
Curiosamente, mientras Trump endurece su discurso, también ha mostrado un enfoque inesperadamente diferente hacia ciertos grupos de inmigrantes. En junio, propuso otorgar automáticamente la residencia a extranjeros que se gradúen en universidades de Estados Unidos, una postura que contrasta con sus políticas pasadas de restricción de inmigración legal y los visados de trabajo cualificado. Para Trump, los graduados en instituciones estadounidenses, incluyendo las universidades de menor duración, deberían recibir una green card como parte de su título, un incentivo que no había promovido durante su tiempo en la Casa Blanca.
Este giro en su discurso, dirigido a atraer al talento formado en Estados Unidos, parece contradecir algunas de las políticas que aplicó durante su primer mandato, cuando promovió la contratación de trabajadores estadounidenses a través de la estrategia "Buy American, Hire American". Además, en aquel entonces, limitó los programas de visado para trabajadores calificados y restringió el reasentamiento de refugiados, una postura que ahora suaviza en sus propuestas de campaña.
En su intento de mantener su base de seguidores y atraer a nuevos votantes, Trump parece combinar una postura inflexible en materia de deportación con una apertura limitada hacia los inmigrantes que podrían contribuir a la economía nacional. ¿Pero no contribuyen también los recolectores de fresas ilegales que aumentan el margen de beneficio a quienes los contratan? No obstante, esta doble estrategia deja interrogantes sobre cómo lograr un equilibrio real entre ambos enfoques.
